Solicitan Inés y Valentina a la Suprema Corte de Justicia que analice sus casos

Buscan que la instancia estudie parámetros en el procesamiento de delitos de género

Solicitan Inés y Valentina a la Suprema Corte de Justicia que analice sus casos

REDACCIÓN La Jornada Guerrero. 29 noviembre 2011.

Las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, presentaron una solicitud formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que analice las responsabilidades que se originan para el Estado tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por la violación sexual contra ambas, cometida por soldados en 2002.

En su escrito, Fernández Ortega y Rosendo Cantú pidieron a la SCJN que realice el mismo procedimiento que se llevó a cabo tras la sentencia de la Coidh en el caso de Rosendo Radilla, desaparecido por soldados en 1974, que también fue condenatoria para el Estado.

En su solicitud, ambas mujeres destacan que la apertura de un expediente “Varios”, relativo a sus casos, no sólo servirá a efectos de que sea reiterado ese criterio, sino que también permitirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudie los parámetros que las sentencias del tribunal interamericano imponen respecto de la investigación y el juzgamiento de delitos vinculados con la violencia de género, particularmente en casos de agresiones sexuales.

La Corte Interamericana notificó el 1º de octubre de 2010 al Estado mexicano de las dos sentencias condenatorias por las violaciones en agravio de Inés Fernández y Valentina Rosendo, aunque después de un año de este hecho, los términos de las sentencias aún no han sido cumplidos. En un comunicados, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan informó que en la mayoría de las resoluciones los trabajos coordinados por la Secretaría de Gobernación (SG) no se han producido resultados concretos.

En el caso de Rosendo Radilla, que hoy las dos mujeres están tomando como referencia, la SCJN refrendó que las sentencias de la Coidh son obligatorias para todo el Estado en su conjunto y que de acuerdo con el artículo 1º constitucional, los jueces mexicanos deben aplicar directamente las normas emanadas de la Convención Americana de Derechos Humanos.

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